Las propuestas de la Comisión ni son
revolucionarias ni suponen ninguna refundación de la PAC, pero sí contienen algunas disposiciones que
implican un nuevo modelo de política agraria. Las propuestas legislativas
apuestan por un modelo de reforma de intensidad moderada, punto intermedio,
entre el pasado y el futuro, entre los intereses creados y los nuevos
objetivos, que no acaba de satisfacer, pero que en cualquier caso, las críticas
a la misma deben ir acompañadas de medidas alternativas, las ayudas ni han logrado ni lograrán paliar la crisis agraria.
En el mejor de los casos, es un complemento a la renta y una ayuda para un
ajuste o reconversión suave del sector agrario, pero si el objetivo se
reduce al aterrizaje suave se podría canalizar a través de programas
específicos.
La sustitución de los pagos de derecho
único por un nuevo sistema de pagos es el núcleo duro y el gran reto de la reforma,
y la fórmula empleada para superarlo lo logra sólo a medias. El pago base no se asocia a ningún fin de
política agraria y aparece como un derecho para todos los agricultores activos.
La reforma de la PAC debería servir para romper del todo con el Pago Único (PU),
que nunca ha sido un verdadera medida de política agraria, sino más bien un
instrumento para contribuir a desmantelar la política de apoyo vía precios y
salvar el escollo de las negociaciones de la OMC.
No es lo mismo la valoración de una
ayuda en un modelo como el del Pago único que en otro multifuncional en el que
los pagos están asociados a objetivos sociales; tampoco es lo mismo una convergencia
de ayudas por beneficiario - si se prioriza el ingresos- que por
hectárea -si se prioriza el territorio-. En función del criterio que se
elija, el diseño del techo de las ayudas y el alcance de la modulación deberían
ser revisados.
La pregunta que debería hacerse es si,
por ejemplo, debería recibir lo mismo una hectárea de cereal en cualquier país
de la UE, suponiendo que pertenece a una explotación situada en una zona
equivalente desde el punto de vista ambiental y de condicionantes naturales. La
introducción de los límites máximos nacionales, consolidan el concepto de sobre
nacional pero chocan con la idea de convergencia, aunque sea a largo plazo.
Los
pagos verdes son una innovación de la Comisión pero no todos los
sistemas agrarios ni todas las prácticas agronómicas tienen el mismo impacto
sobre el medio ambiente y los recursos naturales, pero fallan por no ser consecuente
y permitir que en cada territorio se establezcan con criterios objetivos
-agronómicos y ambientales- las características que deben cumplir esas
explotaciones.
La
crisis de los mercados es el tercer gran asunto de las propuestas
legislativas en relación con el primer pilar, las crisis estructurales no van a
resolverse ni con medidas de intervención ni con nuevos instrumentos de
reducción de riesgo. Por el contrario, estas crisis requieren medidas
estructurales que incidan en la adaptación de la oferta a la demanda y en la
lucha contra sus causas más que contra sus consecuencias. La denominada
gestión de crisis sólo puede ser eficaz en caso de caídas de precio bruscas y
coyunturales, causadas por fenómenos relativamente imprevisibles. Las crisis de
mercado a medio y largo plazo sólo se pueden evitar con profesionalización,
organización y reestructuración de la cadena de oferta agrícola, la clave es
reforzar el poder de negociación de los productores con incentivos
estructurales.
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